LA PRESIDENCIA FEMENINA

Un nuevo poder ejecutivo en los E. U. M.

Por Adolfo Roberto Pérez Valdés

Redactado en diciembre de 2015

 

En los Estados Unidos Mexicanos, la sucesión en el poder ejecutivo (el presidente) se realiza mediante sufragio libre, directo y secreto.

 

El voto y/o el ejercicio del voto no son realmente libres. El sufragio se ha supeditado al interés de todos los partidos políticos, hasta hace poco no existían las candidaturas ciudadanas, es decir el permitir el registro a un candidato sin la cobertura de las organizaciones partidarias.

 

Sin embargo, las corporaciones partidarias siguen concurriendo a dicha elección, la renovación sexenal del poder ejecutivo federal o la presidencia de la república.

 

A nadie, al parecer, se le ha ocurrido impulsar una más profunda reforma estructural del poder ejecutivo. La cultura imperante de excluir del poder a personajes sin compromisos con esa misma estructura en descomposición, hace imposible un avance en verdad democrático de esta sociedad.

 

La mujer, ha sido el ser humano más agraviado por esta sociedad y sus estructuras de poder. Su exclusión de las esferas del poder estaba entramada en el sistema mismo. Hasta el cambio constitucional realizado en los años cincuenta del siglo pasado. Dicha modificación al texto constitucional fue pospuesta por, al menos, tres gobiernos previos.

 

Aun así persiste la marginación.

 

Esta sociedad y estructura de poder político (partidos políticos incluidos) tienen una deuda que liquidar de manera inmediata y es ceder por completo el ejercicio del poder ejecutivo federal/ la presidencia de la república al género femenino.

 

Esa sería una auténtica reforma política. Esta primicia estaría sujeta a un entorno de sucesión electoral diferente y completamente distinto al actual. La base de elección, el voto o sufragio en urnas permanecerá.

 

Los partidos políticos ya no concurrirán a esta elección. A dichas agrupaciones les será permisible solo registrar candidatos al parlamento  federal bicameral, los congresos estatales, los ayuntamientos y ejecutivos estatales. Registro de candidaturas también integradas a una auténtica norma constitucional de equidad de género.

 

Las candidatas a la presidencia serían pues ajenas y sin membresía en cualquier partido político, agrupación sindical, cámara empresarial o comercial, asociación profesional o colegios académicos, incluyendo la participación en asociaciones religiosas.

 

También esas candidatas tendrían que acreditar no haber desempeñado cargos de elección popular bajo registro partidario. No haber sido parte de la administración pública en altos niveles burocráticos.

 

No haber sido ministro del poder judicial.

 

No tener empleo ni participación accionaria, ni haber sido empleado en empresas o asociaciones civiles con vínculos contractuales con la administración pública.

 

Las candidatas perdedoras serían propuestas por la triunfante, por medio de ternas, para ser electas o designadas por la Cámara de Senadores a ocupar las secretarias de despacho del gabinete presidencial.

 

 

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