Artículo escrito el 27 de mayo de 1994, sin publicar.


Ana María Aragonés escribe en La Jornada, página 17 del sábado 7 de mayo, que millones de mexicanos (de 3 a 4) se verán impedidos de votar. Es decir, que por su condición de migrantes en Norteamérica sus derechos políticos, su ciudadanía queda en receso.

Pero en su opinión editorial hay un yerro fundamental, que esos millones de mexicanos -asevera- son ciudadanos con posibilidad de sufragar si tuvieran una casilla a su disposición. La afirmación tiene un sustento muy precario, se daá por sentado que nuestra nacionalidad no garantiza la ciudadanía (asumirse políticamente como mexicanos) y éste es un equívoco.

Sabemos que la ciudadanía no es adquirida por el sólo hecho de ser mexicano, hay que hacer la solicitud correspondiente. Y aquí es dónde esos (aproximadamente o presumibles) cuatro millones de mexicanos enfrentan el primer escollo para el ejercicio de sus derechos políticos, pues muchos de ellos no están inscritos en el padrón electoral, ni tampoco han tramitado su fotocredencial.

Esta falta de iniciativa personal determina que en el espacio de los derechos civiles-políticos no tengan lugar correspondiente, pero hay algo más grave aún. Quizá ni su misma nacionalidad puedan acreditar por carecer de documentos tales como el Acta de Nacimiento y hasta incluso una fé de bautismo que se sustenta en la primera.
Agregémosle a ese contratiempo una pregunta de cual no conozco respuesta: ¿si un mexicano sale ilegalmente del territorio nacional incurre en pérdida de la nacionalidad pasado algún tiempo, o cancelación temporal de sus derechos cívicos? ¿hay alguna disposición jurídica en tal sentido en la Ley General de Población? Cuya aplicación compete a la Secretaría de Gobernación por medio de la Dirección General de Migración. 

De acuerdo con la legislación vigente electoral para votar es necesario identificarse con la fotocredencial expedida por el Registro Nacional de Electores, ningún otro documento sirve para el propósito ni es legalmente válido tampoco. Y ahora sólo después del 21 de agosto, los mexicanos podrán demandar o solicitar al RFE su inscripción al padrón de electores y para ello tendrían que acudir, con alguna identificación, ante el módulo de empadronamiento que les corresponde.

Esos millones de mexicanos que están en el extranjero, ilegalmente o no, tendrían que retornar al territorio nacional a solicitar su inscripción al padrón y luego regresar tras algunos meses para recibir su fotocredencial. Esto sería así de permanecer la actual estructura de incorporación al padrón.

Este procedimiento de inscripción al padrón tiene el resultado siguiente: un reducido porcentaje de esos 3 o 4 millones de mexicanos migrantes acudiría o acudió a solicitar su inscripción. Y si están en el territorio nacional podrán votar el 21 de agosto. Sabemos que los migrantes, ilegales e indocumentados, no podrán hacerlo aún queriéndolo, ya que les resultaría aventurado traspasar la frontera para sólo depositar sus votos y retornar al sitio del exterior a seguir trabajando.

Difícil es pues que el deseo de que voten los migrantes se realice. Son muchos los contratiempos que salvar y seguramente hacerlo permisible costaría demasiado.
 

 
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